En su punto más álgido las telecomunicaciones:
¿Estancamiento o progreso?

Contrario a lo que ocurre en otros países, con avances significativos, en México las telecomunicaciones distan aún de ser el principal aporte de benenficios que la ciudaddanía espera para sus actividades dirias, pese a los avances en la telefonía móvil. El burocratismo, la lentitud de decisiones regulatorias y licitaciones, presiones de quienes dominan el mercado y de los poderes fácticos son algunos de los dilemas que actualmente mantienen en suspenso al sector.

Por José Antonio Ramírez

Gobiernos sexenales van y vienen, pero su rol frente a un sector trascendental para la economía y la sociedad, como es el de las telecomunicaciones, ha dejado mucho que desear. En vez de buscar y apuntalar los beneficios que pudiera aportar, como benefactor de la sociedad del conocimiento y motor del crecimiento económico, fomentando incluso los consensos para incentivar la igualdad de competencia y participación de nuevos jugadores, las diversas administraciones sucumben sin que se vean los progresos deseados.

Por el contrario, la aplicación de políticas que –según quienes forman parte de la industria– favorece a unos y perjudica a otros. Otros consideran que nunca como ahora el sector se ha visto muy dividido y confrontado, en gran medida por la polémica que han generado litigios y resoluciones en concesiones y refrendos.

Pero también lo ha ocasionado la lentitud en los procesos para licitar el espectro radioeléctrico, las sucesivas confrontaciones con el órgano regulador, por estar más susceptible a los intereses de monopolios y poderes fácticos, que presionan para favorecer sus intereses de grupo en el mercado, son sólo algunos de los problemas que además de afectar al sector, parecieran ser el talón de Aquiles de los gobiernos en turno.

Y es que la impericia para resolver o conducir hacia el consenso con sus decisiones, manifiesta, por el contrario, que no tiene la virtud de aprovechar un sector que podría generar beneficios a los gobernados, es decir, la sociedad en su conjunto, pero que ante difíciles medidas como la aplicación de impuestos por diversos servicios, ha generado rechazo y molestia tanto en la industria como en el consumidor.

Inconsistencias en algunas políticas internas

Algunos efectos son más que riesgosos, entre los principales sobresale el distanciamiento tecnológico que el país tiene en relación a otros países del mundo, la incesante dificultad de buena parte de la sociedad para acceder a los diferentes servicios, además de un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías de información e Internet.

Lo anterior quedó de manifiesto entre especialistas, expertos y directivos del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información en México que una vez más respondieron a la convocatoria de Revista RED para evaluar el panorama de la industria durante el último año en el Foro Tendencias 2010, que además contó con una diversidad de proyecciones para dicho año, considerado clave por celebraciones históricas y por ser el cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Ante importante asistencia de miembros de la industria TIC, lectores e invitados, tocó a Enrique Melrose Aguilar, Presidente del Consejo Editorial de Revista RED, iniciar la discusión y análisis del Foro Tendencias 2010 al señalar precisamente las inconsistencias de algunas políticas internas aplicadas por quienes toman las decisiones.

Ejemplificó el caso de las licitaciones del espectro de frecuencias, de las que aseveró que prácticamente se han detenido poco más de tres años, lo cual ha llevado a que se saturen las redes disponibles actualmente para la telefonía móvil e incapacitado al mercado para crecer y que tenga varios competidores, excepto que haya nuevos servicios a ofrecer.

Que para que haya estos nuevos servicios y que el usuario acceda a de manera continua a los mismos, paralelo al interés de las empresas para volver a invertir, es evidente que se requieren instrumentos como las propias frecuencias.

“La introducción de sistemas generalizados de WiMax en todo el país, por ejemplo, ha sido detenido porque no existen las frecuencias para poderlas llevar a cabo y refleja, de alguna manera, la inconsistencia de las políticas internas, ya que no se ponen de acuerdo quienes deciden en este rubro”, manifestó.

Indicó que si bien se han acumulado retrasos en las licitaciones de frecuencia, esta situación podría colocar a México en una posición desventajosa frente a otras naciones, además de que desalentaría cualquier inversión que se realice en el futuro. “Hay que considerar que una nueva red 3G, 3.5G ó 4G (que serviría en esencia, para aumentar considerablemente los anchos de banda), necesariamente tendría que implantarse hoy, para que esté completamente desarrollada en dos años”, expuso como ejemplo.

Urge acelerar licitaciones

En contraste, Jorge Arreola, Director de Regulación y Relaciones Gubernamentales de Telefónica, juzgó de muy necesaria la licitación de nuevas frecuencias porque resolverá la saturación de algunas redes existentes. “El crecimiento ha sido acelerado durante los últimos años, las licitaciones del espectro se han demorado demasiado y es urgente que las empresas tengan mayor acceso al espectro para aplicar políticas comerciales que favorezcan el uso de nuevas redes y el crecimiento del tráfico”, recalcó.

En realidad, “estamos retrasados y ya deberíamos estar trabajando con la 4G, tenemos una red 2.5 ó 3G que todavía no madura, con velocidades de acceso en los móviles y que, como usuario yo desearía tener más”, apuntó por su parte Antonio Vega, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y que también fue presidente de la Comisión Especial para el Acceso Digital de los Mexicanos en la LX Cámara de Diputados.
Paralelamente y de manera fortuita en el momento de redactarse estas líneas, la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) habían publicado en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias para la licitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Según el documento, algunos segmentos dentro de las bandas de frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahertz (GHz) para acceso inalámbrico se licitarán conforme a las bases publicadas. Las convocatorias precisan que las concesiones de algunos bloques dentro de las bandas 1.7 GHz serán para Internet y 1.9 GHz , para servicios de telefonía móvil tendrán cobertura regional.

Pese a lo anterior, Antonio Vega aludió que el proceso de licitaciones ocurre a cuentagotas, que evidencía una completa desarticulación desde el gobierno, hacia lo que queremos como país, con una visión fragmentada que da como resultado la carencia de una verdadera política pública, relacionada con la aplicación y uso de las telecomunicaciones.

A resolver la brecha digital

El ex legislador se refirió a la agenda digital nacional y que, al parecer, se está realizando a través de la creación en abril de 2009 del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CSIC) que, como órgano consultivo de la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal, se encarga de establecer una estrategia digital integral que propicie el acceso y uso masivo de las TIC en el país.

Sostuvo que esa agenda digital no solamente tiene que venir de la conjunción de secretarios de estado con algunas personas o algunos empresarios; tiene que aterrizar en los gobiernos locales para resolver la brecha digital en el país y que esté consensada en todos los sectores empresariales de las telecomunicaciones. Pero lo más importante, que tenga el visto bueno de la sociedad y todos los gobiernos, tanto locales como el gobierno federal.

Adrián Cuadros, Chief Technology Officer de Alestra, consideró que para efectos de promover más la competencia, la inversión de operadores del sector y, sobre todo el acceso de la población a los servicios, las licitaciones deben ser liberadas, independientemente de que se piense en, por ejemplo, la aplicación de un impuesto al servicio de las telecomunicaciones.

Además de puntualizar la necesidad de buscar mecanismos para desarrollarse el sector de las telecomunicaciones, Javier Pérez Mazatán, de Infotec, auguró por su parte dificultades en el financiamiento y desarrollo de las tecnologías de información y las telecomunicaciones en caso de no acelerar la normatividad en el sector.

Indicó que si se quiere estar en la sociedad de la información y el conocimiento, o tener ciudades digitales, los servicios que deriven de ello tienen un costo que requiere financiamientos bien planeados para generar sistemas autosustentables y que estos incentiven el propio desarrollo. “Desafortunadamente todavía estamos lejos de ello”, lamentó.

Pérez Mazatán insistió en la urgencia de mantener los accesos a Internet a través de los más de ocho mil 600 Centros Comunitarios Digitales en el país (que se crearon desde el gobierno de Vicente Fox), debido a que 42% de los 28 millones de usuarios actuales de Internet, acceden a la Web por medio de esos lugares, ubicados estratégicamente en las sedes de los gobiernos estatales, municipales y en dependencias federales.

En cierta manera –expuso– forma parte de la infraestructura que se requiere para hacer llegar la información a más mexicanos, además de la educación y el desarrollo de contenidos, incluida la adopción tecnológica para aprovechar cabalmente las herramientas de las TIC.

Reprueban IEPS de 3% en telefonía móvil y fija

Sus señalamientos tuvieron la finalidad de rechazar la aplicación de nuevos impuestos en algunos servicios de telecomunicaciones, que paralelamente se discutían en el Congreso de la Unión al momento de realizarse el Foro Tendencias 2010, de las que calificó de inhibidores para el desarrollo del sector.
Coincidiendo con lo anterior, José Carlos Méndez, consultor del Competitive Intelligence Unit (CIU), calificó de inconsistente el discurso político del gobierno federal. Subrayó que mientras por un lado el Plan Nacional de Desarrollo propone llevar mayor acceso de los servicios de telecomunicaciones a más mexicanos, en los hechos la aplicación de un nuevo impuesto (Especial de Productos y Servicios, IEPS) del 3% en telefonía móvil y fija, así como en televisión por cable (eliminándose la posibilidad de que se cobrara esta misma tasa a los servicios de acceso a Internet), afecta el ritmo de crecimiento del sector.

Merece señalar que el gobierno federal pretende recaudar por dicho concepto un total de 9 mil 786.4 millones de pesos en 2010, lo cual los especialistas consideran que afectará la teledensidad fija, la cual no pasa de los 20 millones de líneas; en contraste con la telefonía móvil.

Además de que aquejará directamente a los usuarios, José Carlos Méndez proyectó que la aplicación del IEPS del 3% limitará el acceso a móviles y fijos con efectos desfavorables para la productividad, competitividad y generación de empleos en el sector. “Nuevas empresas no van a tener oportunidades de competir”, avizoró.

Tan sólo –reveló– las inversiones en 2009 se redujeron alrededor de tres mil millones de dólares, las cuales podrían verse mermadas si la demanda potencial de servicios se reduce, tomando en cuenta que gran parte de las concesiones se han otorgado a plazos de 20 ó 30 años, porque son períodos en los que se tienen los retornos de inversión.

Pero expuso que la realidad es que el mercado está madurando muy lentamente, en donde es conocido que se hacen planes de negocios para varios años y si llegan, las autoridades cambian las reglas del juego a voluntad como la aplicación misma de nuevos impuestos, que el especialista calificó como un ejercicio de “desesperación fiscal” que sólo está afectando a la industria en su conjunto en vez de proveer servicios de calidad.

El representante del CIU urgió porque las autoridades resuelvan en breve la licitación de más de 26 mil kilómetros de longitud de fibra óptica de la CFE, la cual está desplegada a lo largo de todo el país, como un intento para incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones.

Pese a lo anterior, la licitación para el uso de la fibra óptica de la CFE se ha pasado más de dos años (cerca de tres, según Alestra), lo que hace necesaria una inmediata articulación en las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal y lo que pretenden hacer los empresarios del sector telecomunicaciones, agregó Antonio Vega, de la Universidad de Guanajuato.

Pero aunque la fibra óptica de la CFE va a suplir enlaces nuevos que se utilizarán entre ciudades subestaciones en las grandes metrópolis, aún no llegan ni está programando que desemboque al usuario, manifestó Roberto Pérez, de Condumex. Expuso que para que la fibra llegue al usuario se necesitará una inversión adicional, lo cual podría significar un factor importante en la competitividad y mejora de servicio.

“Quien haga la inversión y qué tan rápido lo pueda hacer, dependerá mucho de que los beneficios lleguen al usuario, pero lo importante es que se van a crear oportunidades de mercado en las compañías que provean los servicios”, argumentó.

Mayor claridad en la licitación de fibra oscura

Al respecto, Jorge Arreola, de Telefónica, estimó que hasta ahora los industriales del sector no han apreciado mucha apertura por parte de la CFE para compartir información indispensable para que la licitación sea exitosa. “Todos sabemos que la fibra óptica de la CFE tiene 36 hilos, de los que sólo18 se van a licitar, que si bien será muy poco, coincide con los esfuerzos de compartir infraestructura, como verdadero tema de discusión en otros países”, indicó.

El representante de Telefónica lamentó que no se tenga en México el marco legal adecuado para señalar con precisión los lineamientos que deben seguirse para una adecuada compartición de infraestructura, en lo cual el Congreso de la Unión debe de trabajar en detalle.

Propuso que se cree un consorcio de empresas interesadas en adquirir ese par de fibra óptica en donde estas organizaciones serían competidoras entre sí, pero con capacidad para utilizarla para ofrecer sus servicios a los usuarios, en competencia con el otro operador que está montado sobre el mismo par de fibras.

“Pasaríamos de tener uno o dos proveedores en varias regiones a cinco o seis; tal vez se crearía masa crítica para que se reflejaran en los costos del proveedor de servicio en los precios que se ofrecen a quienes demandan esa capacidad”, recalcó.

Por el contrario, Purificación Carpinteyro, ex subsecretaría de Comunicaciones de la SCT hasta enero de 2009, consideró necesario construir una súper carretera de interconexión que propicie una licitación con todos los derechos de vía similares a los que existen en las carreteras federales.

La ex funcionaria declaró que si ya se tienen los ductos de infraestructura instalados en los estados, ahora debe negociarse con los municipios para que efectivamente exista el derecho de vía que permita cablear todo el país con fibra óptica.

Una vez logrado, afirmó, se buscaría que las inversiones a realizar mediante fibra óptica sean rentables y establezcan la posibilidad de afianzar clientes que, entonces, brindarían seguridad al inversionista y, a fin de cuentas, participar en la subasta en un país que como México actualmente tiene necesidad de disponer de grandes redes, principalmente para los sectores de salud, educación y desarrollo social.

Añadió que el gobierno mexicano garantizaría la rentabilidad de esta nueva súper carretera de la información y su licitación no sería sobre la base de ver quienes pagan más, sino de quien ofrece el mayor alcance, la mejor capacidad y que logre que México disminuya su brecha digital, además de hacerla accesible a un mayor porcentaje de la población.

Mencionó que además de no afectar los intereses de los grandes grupos económicos, esta propuesta es una medida de naturaleza práctica, en donde pocos aspectos regulatorios tendrían que inmiscuirse en ello que muy bien deberíamos procurar para que a nivel nacional se pueda generar una súper carretera de la información mexicana.

Empresas que no invierten pugnan por la interconexión

El debate generado en el Foro no escapó de la preocupación de algunos en torno al Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, que establece los términos y condiciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para regular y promover la eficiente interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.

Si bien el mencionado Plan pretende garantizar que los concesionarios permitan la interconexión a las redes públicas en condiciones no discriminatorias, para facilitar a los usuarios el uso de cualquier contenido, utilidad o aplicación ofrecidos por prestadores de servicios, la situación es que debe ser factible y realizarse técnicamente sin ningún problema.

Telmex refiere que con esta medida los nuevos prestadores de servicios no tendrían necesidad de invertir en una nueva infraestructura de redes, ya que estarían utilizando la red troncal concesionada a Telmex de la que este operador ha realizado millonarias inversiones desde que la telefónica de privatizó.

Al respecto, Purificación Carpinteyro expresó su desacuerdo con la posición de algunas empresas del sector que consideran que la mejor forma de fomentar la competencia debe ser a través de interconexión. Por el contrario, acotó la ex funcionaria, lo único que está haciendo es fomentar que no haya inversión en infraestructura.

Expuso que sería muy arbitrario y preocupante para el mercado que cualquier empresa “patito” o sus representantes propongan la interconexión en todo el país sin tener un compromiso firme de invertir en el país.

Como respuesta, Jorge Arreola, de Telefónica, juzgó que tan malo es no invertir en infraestructura, como invertir en lo que no hace falta. Abundó: “No están las condiciones dadas para que el sistema de precios, que es lo que orienta las inversiones en el mercado, nos dé la información correcta hacia dónde invertir”.

Ponderó que si bien hay infraestructura creada que no está disponible en el mercado, es mejor que la misma sea utilizable y que si la estructura de precios sigue indicando que es necesario construir otra red, pues que se edifique. “Pero primero hay que colocar los elementos de infraestructura con los que cuente el país en el mercado, para que los precios nos digan dónde invertir, así es como funcionan las cosas en dónde y a qué le conviene al mercado”, complementó el directivo de Telefónica.

Tareas pendientes por resolver

En el análisis y debate que se generó durante el Foro de Tendencias 2010, los participantes de la mesa dedicada a las telecomunicaciones coincidieron en señalar que mucho falta por resolver en el sector y que, entre otras cosas, uno de los principales impedimentos para que se cristalicen las tareas pendientes es que las soluciones no han sido las mejores.

Además, han transcurrido 10 años sin que se resuelvan problemas de regulación y sin que exista una definición clara de las funciones que deben desarrollar la SCT y la Cofetel.

Sin embargo, al cierre de edición la Suprema Corte de Justicia de la Nación había decidido limitar las atribuciones de la SCT para otorgar concesiones y permisos en materia de radio y televisión, las cuales le corresponderán a la Cofetel.

Lo anterior como parte de una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en febrero de 2009 en contra del Ejecutivo Federal que se había extralimitado en sus atribuciones para centralizar en la SCT la entrega de concesiones en medios electrónicos, además de su refrendo y licitación de nuevas concesiones.

Entre otros asuntos que los participantes en la mesa dejaron como impedimentos para que el sector avance como se quisiera sobresalen los siguientes:

Existen poderes fácticos que hoy por hoy dominan a los diferentes sectores de la economía, entre ellos el de las TIC. En un nuevo mercado convergente no quieren que el actual status quo se altere e impiden una reforma estructural en el sector.

La falta de regulación y decisión propicia cierta anarquía en el uso de redes de última milla. Varias universidades están desarrollando sus propias redes sin permiso.

Necesidad de impulsar los derechos de vía estatales, principalmente en donde se están construyendo carreteras, ya que los estados omiten construir los ductos para albergar la fibra óptica, lo cual no ocurre en las carreteras federales, lo cual implica un doble gasto.

La regulación de las telecomunicaciones en lugar de ser restrictiva debe pasar a ser activa y proactiva, debido a las circunstancias económicas en el país y porque el sector lo requiere con urgencia.

Se carece de una entidad que coordine todos los esfuerzos en el sector. Se puede avanzar, pero hay que coordinar.

Lo que se requiere es voluntad para que el sector camine, a pesar de los poderes fácticos y de intereses particulares o en grupo, que se promuevan las decisiones que se deben tomar y, sobre todo, anteponer todo un proyecto de país.

Hay tiempo para cambiar, sólo hay que hacer un consenso nacional que exija a nuestros legisladores trabajar en serio, cuando se trate del sector de las telecomunicaciones.

Hace falta que la red dorsal sea lo suficientemente grande para reducir casi a cero los costos de transporte de un punto a otro y que se facilite el intercambio de tráfico entre los operadores.